Decreto 37/2018, de 29 de mayo, por el que se modifica el Decreto 82/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y competencias de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
| Sección | I. Disposiciones generales |
| Emisor | Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas |
| Rango de Ley | Decreto |
El Decreto 51/2017, de 9 de agosto, que derogaba el anterior Decreto 46/2015, de 5 de julio, establece la estructura de la Administración Regional, fijando el número y denominación de las Consejerías, entre las cuales figura la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
El Decreto 82/2015, de 14 de julio, establece la estructura orgánica y fija las competencias de dicha Consejería, estableciendo las funciones que corresponden a los distintos órganos que se integran en la misma. En su artículo 5, en relación a las competencias atribuidas a la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa en materia de coordinación, se atribuye a este órgano la iniciativa, impulso, coordinación y racionalización de los procedimientos administrativos, así como la elaboración, gestión y coordinación de proyectos para la adecuación de la Administración regional a la normativa vigente en materia de seguridad y protección de datos de carácter personal.
Con la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se ha avanzado en la regulación del uso de los medios electrónicos en la normativa relativa a la organización y al procedimiento administrativo, por lo que se considera conveniente dotar de una mayor especificación a las atribuciones competenciales de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa sobre administración electrónica.
Asimismo la aplicación efectiva del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos, RGPD), impone nuevas obligaciones a las Administraciones Públicas para garantizar el derecho fundamental a la protección de datos a las personas físicas cuyos datos se manejan en el ejercicio de sus competencias.
Por ello, resulta necesario modificar el citado Decreto en aras a conseguir un mejor, más coordinado y efectivo ejercicio de las competencias que se...
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